El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este declaró culpables a Anna Bensi y a su madre, Caridad Silvente, y les impuso a ambas una sanción de dos años de limitación de libertad, según confirmó la propia joven después de conocer el resultado del proceso judicial.
La causa está relacionada con la grabación y posterior difusión en redes sociales de un encuentro ocurrido entre las dos mujeres y un agente del Ministerio del Interior (MININT), quien había acudido a su vivienda para entregar una citación.
Bensi confirmó el resultado mediante una declaración grabada a las puertas del tribunal, en Cojímar, donde familiares, allegados y otras personas permanecieron pendientes del desenlace del juicio.
La joven calificó la decisión judicial de injusta y explicó que el fallo fue comunicado inicialmente de manera oral. Tanto ella como su madre deberán esperar la sentencia escrita, documento que permitirá conocer oficialmente los fundamentos y términos de la decisión.
Los hechos se remontan al 10 de marzo de 2026, cuando el suboficial Yoel Leodán Rabaza Ramos acudió al domicilio de Bensi y Silvente para entregar una citación relacionada con la Seguridad del Estado.
Durante aquel encuentro, ambas mujeres realizaron una grabación que posteriormente fue publicada en redes sociales. De acuerdo con los antecedentes expuestos sobre el caso, el 25 de marzo fueron instruidas de cargos y quedaron sometidas a reclusión domiciliaria, además de recibir una prohibición de salida del país.
La investigación fue archivada inicialmente, pero volvió a abrirse en julio después de una querella presentada por el propio agente.
Según declaraciones posteriores de Bensi, durante el desarrollo del conflicto el agente habría solicitado un video de disculpa pública. Posteriormente, la representación legal del querellante habría solicitado penas diferentes para las acusadas, incluyendo privación de libertad para la joven.
Finalmente, el tribunal decidió imponer a ambas mujeres dos años de limitación de libertad, sin acoger la solicitud de encarcelamiento planteada contra Bensi.
La jornada del juicio también estuvo acompañada por un operativo policial que, según denuncias difundidas por activistas, incluyó vigilancia y detenciones de personas que intentaban acercarse al tribunal.
Entre los detenidos estuvo el pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”. También fue reportada la detención del activista cristiano David Espinosa Martínez.
A pesar de las restricciones denunciadas, Bensi consiguió llegar al tribunal y fue recibida con aplausos por personas que se encontraban en las inmediaciones. Antes de entrar, declaró: “No somos criminales”.
El proceso también generó pronunciamientos de organizaciones, figuras públicas y representantes políticos. La Convención Bautista de Cuba Occidental, además de artistas como La Diosa, Claudia Artiles y Haydée Milanés, expresaron solidaridad con las acusadas.
Los congresistas estadounidenses Carlos Giménez y María Elvira Salazar también se pronunciaron sobre el caso. La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó, por su parte, un mensaje en el que afirmó: “Pensar diferente no es un crimen”.
La organización Cubalex, dedicada a la asesoría y documentación jurídica, había cuestionado anteriormente el proceso y sostenido que la grabación de actuaciones de agentes policiales puede estar vinculada con derechos ciudadanos.
Tras conocer el veredicto, Bensi agradeció públicamente las muestras de apoyo recibidas y señaló que ahora aguardará la notificación escrita de la sentencia. La joven cerró su mensaje con una referencia religiosa: “Dios tiene el control”.
Anna Bensi es la joven involucrada, junto a su madre Caridad Silvente, en el proceso judicial relacionado con la grabación y difusión de un encuentro con un agente del MININT.
El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este le impuso dos años de limitación de libertad, según la información comunicada tras el juicio.
La madre de Anna Bensi también recibió una sanción de dos años de limitación de libertad.
El proceso estuvo relacionado con la grabación y posterior publicación en redes sociales de un encuentro con un agente del Ministerio del Interior que había acudido a su vivienda para entregar una citación.
El resultado fue comunicado oralmente. Las acusadas deberán esperar la sentencia escrita para conocer los fundamentos y términos completos de la decisión judicial.
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