Protestas por apagones y denuncias de corrupción desatan operativo policial en Manzanillo

Manzanillo, en la provincia de Granma, volvió a convertirse este sábado en el epicentro del descontento social luego de que vecinos de varios barrios salieran nuevamente a las calles para exigir explicaciones sobre los prolongados apagones y para denunciar presuntas prácticas corruptas dentro de la estructura municipal de la Unión Eléctrica (UNE). La tensión acumulada derivó en una fuerte presencia policial desplegada en horas de la tarde, justo cuando la situación parecía escalar.

De acuerdo con los testimonios compartidos por residentes de la zona, el foco principal de la confrontación se produjo en el barrio La Colonia, específicamente en la Calle Martí, cerca del Hospital Materno Fe del Valle. Hasta allí acudieron directivos locales de la UNE, entre ellos la directora municipal, el jefe de Operaciones y el jefe de Inspectores. Sin embargo, lejos de ofrecer una explicación convincente o un plan de solución para la comunidad, los funcionarios según relataron los vecinos adoptaron una actitud distante y terminaron abandonando el lugar entre reclamos y cuestionamientos.

Lo ocurrido no surgió de manera espontánea. Desde hace semanas, los habitantes de Manzanillo aseguran vivir bajo un esquema desigual e injusto: mientras la mayoría enfrenta apagones que se extienden por horas y días, determinados negocios privados supuestamente operan sin interrupciones gracias a sobornos entregados a empleados y directivos de la UNE. Las denuncias hablan de panaderías clandestinas, talleres de soldadura y espacios de refrigeración para productos cárnicos que, pese a la crisis energética, mantienen un servicio estable de electricidad.

El señalamiento más repetido es que el propio Grupo de Inspección de la empresa eléctrica, responsable de controlar el consumo y detectar irregularidades, estaría implicado en la protección de estas actividades a cambio de pagos. Una de las situaciones más comentadas por los vecinos es la de la discoteca SKY, que presuntamente mantiene conexión directa a un circuito priorizado, con un costo que afirman los manzanilleros supera los 100 mil pesos.

Las consecuencias para la población han sido graves. Algunas familias aseguran haber perdido alimentos tras más de 20 días de cortes prolongados, mientras que el deterioro de las condiciones higiénicas en varios barrios coincide con un aumento de casos de chikungunya. Los hogares con personas dependientes, postradas o de alto riesgo también denuncian que no han recibido apoyo de las autoridades, a pesar de las reiteradas solicitudes.

La frustración llegó a tal punto que este sábado se desplegó un fuerte operativo policial con el fin de impedir nuevas protestas. Para muchos residentes, este tipo de respuesta refleja una estrategia ya conocida: intentar sofocar el malestar social con presencia policial, en lugar de atender las causas que han llevado a una población exhausta a alzar la voz, entre ellas la falta de transparencia, las fallas constantes en la red eléctrica y las acusaciones de corrupción institucionalizada.

_{Preguntas frecuentes sobre las protestas y la situación energética en Manzanillo}

¿Qué originó las protestas en Manzanillo?
Las manifestaciones surgieron por el descontento acumulado ante los constantes apagones y por denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de la Unión Eléctrica municipal.

¿Qué papel jugaría la corrupción en la crisis eléctrica?
Los vecinos aseguran que varios negocios privados reciben electricidad continua gracias a sobornos pagados a trabajadores y directivos de la UNE.

¿Qué zona fue el punto clave del enfrentamiento?
El barrio La Colonia, en la Calle Martí, donde los vecinos increparon a funcionarios de la UNE que luego abandonaron el lugar sin responder.

¿Qué consecuencias están viviendo los residentes?
Pérdida de alimentos, proliferación de enfermedades como chikungunya y precariedad para hogares con personas en situación vulnerable.

¿Cómo respondió el gobierno local?
Con un operativo policial que, según los vecinos, busca evitar que las protestas crezcan y no resolver las causas reales del malestar.