Luis Miguel Oña Jiménez, un joven de 28 años que fue detenido tras las protestas del 11 de julio de 2021, falleció recientemente luego de sufrir una isquemia cerebral que lo dejó en estado crítico. El joven había pasado más de cuatro años en centros penitenciarios del país y había sido beneficiado con una licencia extrapenal debido al deterioro progresivo de su salud.
Según relató su madre, Ivon, la condición médica de su hijo empeoró considerablemente durante su permanencia en prisión. De acuerdo con el testimonio familiar, la excarcelación se produjo cuando su estado era ya extremadamente grave. Tras su salida, fue trasladado al Hospital Julio Trigo, en La Habana, donde recibió atención médica. Sin embargo, días después fue enviado a su domicilio, donde finalmente ocurrió su deceso.
Oña Jiménez fue arrestado el 12 de julio de 2021, apenas un día después de las manifestaciones registradas en distintas ciudades del país. Posteriormente fue condenado a 14 años de privación de libertad por su participación en aquellos hechos, considerados por muchos como uno de los mayores estallidos sociales en décadas recientes.
Organizaciones de derechos humanos han señalado en reiteradas ocasiones la preocupación por la situación sanitaria de personas privadas de libertad por motivos políticos. Desde 2022, entidades independientes han documentado varios fallecimientos de reclusos que, según sus informes, enfrentaban enfermedades sin acceso oportuno a atención médica especializada.
El fallecimiento de Luis Miguel Oña Jiménez vuelve a colocar en el debate público la situación de los presos vinculados a las protestas del 11J, así como las condiciones de salud dentro del sistema penitenciario. Familiares y allegados han expresado su dolor y piden que su caso no quede en el olvido.
El joven falleció tras sufrir una isquemia cerebral luego de ser liberado bajo licencia extrapenal debido a su delicado estado de salud.
Fue arrestado el 12 de julio de 2021, un día después de las protestas nacionales del 11J.
Había sido sentenciado a 14 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones.
Señalan que su salud se deterioró significativamente durante su permanencia en prisión y que no recibió la atención especializada necesaria en el momento oportuno.
Entidades independientes han alertado sobre la situación sanitaria de presos vinculados a causas políticas y han documentado varios fallecimientos en los últimos años.
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