Una trabajadora de la empresa estatal Correos de Cuba fue sancionada a cuatro años de privación de libertad tras ser hallada culpable de apropiarse de más de 57 mil pesos que estaban destinados al pago de pensiones y giros postales en una oficina rural del municipio de Majagua, en la provincia de Ciego de Ávila. La decisión fue dada a conocer oficialmente por el Tribunal Supremo Popular, que confirmó la sentencia emitida por el tribunal municipal correspondiente.
El caso salió a la luz luego de detectarse irregularidades financieras en la sucursal ubicada en la comunidad de Orlando González. Según la información divulgada por las autoridades judiciales, durante un período aproximado de tres meses la gestora comercial retuvo fondos correspondientes a pagos de jubilaciones y envíos de dinero que debían ser entregados a sus destinatarios.
Las cifras reveladas indican que más de 33 mil pesos estaban relacionados con pagos de pensiones que no fueron entregados a tiempo, mientras que cerca de 24 mil pesos correspondían a giros postales que tampoco llegaron a manos de los beneficiarios. Varias personas afectadas comparecieron en el proceso judicial y relataron que, al acudir a cobrar sus chequeras mensuales, recibían como respuesta que no había disponibilidad de efectivo en la oficina.
El mismo argumento habría sido utilizado con remitentes y destinatarios de giros, cuyos importes tampoco fueron procesados adecuadamente. Durante varios meses, estas irregularidades pasaron inadvertidas hasta que una inspección provincial motivada inicialmente por la desaparición de equipos en la propia oficina permitió revisar documentos y detectar inconsistencias en comprobantes, registros y otros controles internos.
Las pesquisas revelaron incongruencias en documentos de identidad, recibos alterados y otras anomalías administrativas que, según trascendió, pudieron haberse detectado con mecanismos de supervisión más rigurosos.
En el mismo proceso judicial fue analizada la actuación de la directora de la sucursal postal. Aunque no se le atribuyó beneficio económico personal, el tribunal determinó que existió incumplimiento en su deber de velar por la protección de los recursos estatales bajo su responsabilidad. Por ello, recibió una sanción de trabajo correccional sin internamiento durante un año.
La empleada directamente implicada fue condenada conforme a lo establecido en el Código Penal vigente, enfrentando además sanciones accesorias como la limitación temporal de ciertos derechos y la inhabilitación para ocupar cargos similares. Las autoridades no precisaron públicamente si el monto sustraído fue restituido en su totalidad a las personas afectadas.
El tribunal calificó los hechos como graves debido a la naturaleza de los fondos involucrados y al perfil de los perjudicados, entre los que se encontraban jubilados y ciudadanos en situación económica vulnerable. En su declaración final, la acusada expresó arrepentimiento, aunque ello no modificó la decisión judicial.
Este proceso vuelve a colocar en el centro del debate la importancia de fortalecer los controles internos en entidades que gestionan recursos destinados a la población, especialmente en sectores sensibles como el pago de pensiones y servicios financieros básicos en zonas rurales.
Se detectó la retención indebida de fondos destinados a pensiones y giros postales por parte de una empleada, durante un período de varios meses.
Las autoridades informaron que el monto total supera los 57 mil pesos, correspondientes a pagos de jubilación y envíos de dinero.
Fue condenada a cuatro años de privación de libertad, además de otras medidas accesorias establecidas por la ley.
Sí. La directora de la sucursal recibió trabajo correccional sin internamiento por incumplimiento de su deber de supervisión.
La nota oficial no precisó si los fondos fueron restituidos en su totalidad.
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